Guatemala, 6 de mayo de 2010
Con la finalidad de cumplir con la obligación establecida en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos –COPREDEH-, presentó el primer informe del Estado de Guatemala al Comité de Naciones Unidas para los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.
Dado que la presentación de los informes es una obligación que el Estado asume a partir de la ratificación de la citada Convención, ésta representa un avance significativo para la actual administración. El Estado ha desarrollado un diagnóstico de la situación de los derechos de los migrantes en general, lo que ha permitido establecer cuáles son las tareas pendientes para mejorar la atención al tema. Este informe debió ser presentando en 2004.
Para la actual administración que preside el Presidente Constitucional de la República Ingeniero Álvaro Colom Caballeros, la política migratoria ha sido un tema de vital importancia, ya que los lineamientos de la política exterior plantean como prioridad la atención a los migrantes de una manera participativa, lo cual ha requerido que la Cancillería dinamice su accionar institucional. Además, se ha instruido la atención de nuestros connacionales en el exterior, para lo cual ha emprendido giras por los lugares de destino de nuestros migrantes, buscando con ellos de manera conjunta mejorar sus condiciones de vida, promoviendo canales de apoyo efectivos.
Cabe destacar que uno de los principales avances desde la perspectiva de derechos humanos es la de legislar en relación con la trata de personas y delitos conexos. La creación del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala –CONAMIGUA-, y los esfuerzos por presentar desde la dirección general de migración un anteproyecto de ley para mejorar la atención a este tema.
Para la elaboración del informe, COPREDEH realizó un proceso de consulta interinstitucional con entidades relacionadas con la implementación de la Convención, además de ser complementadas con entrevistas directas a los funcionarios que, de manera directa o indirecta, son los responsables del tema de los trabajadores migratorios.
En el trabajo interinstitucional también se incluyó a municipalidades, especialmente aquellas que, por su carácter fronterizo, tienen especial relación con la implementación de la Convención.
Las instituciones consultas fueron: Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General de Migración y la Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Secretaría de Bienestar Social, Corte Suprema de Justicia, Secretaría Presidencial de la Mujer, Instituto de la Defensa Púbica Penal, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Tribunal Supremo Electoral, Congreso de la República, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, la Secretaría de la Paz, el Registro Nacional de la Personas, el Ministerio de Cultura y Deportes, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y el Consejo Nacional de Atención a Migrantes.
La sociedad civil participó en el proceso, al finalizar el informe se sostuvo una reunión con los representantes de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala MENAMIG e instituciones académicas que trabajan el tema, con quienes se abordó el contenido del informe y se les brindó una copia del mismo para que hicieran sus observaciones previo a la entrega al Comité correspondiente; sus observaciones fueron tomadas en cuenta dentro del informe.
Con la finalidad de cumplir con la obligación establecida en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos –COPREDEH-, presentó el primer informe del Estado de Guatemala al Comité de Naciones Unidas para los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.
Dado que la presentación de los informes es una obligación que el Estado asume a partir de la ratificación de la citada Convención, ésta representa un avance significativo para la actual administración. El Estado ha desarrollado un diagnóstico de la situación de los derechos de los migrantes en general, lo que ha permitido establecer cuáles son las tareas pendientes para mejorar la atención al tema. Este informe debió ser presentando en 2004.
Para la actual administración que preside el Presidente Constitucional de la República Ingeniero Álvaro Colom Caballeros, la política migratoria ha sido un tema de vital importancia, ya que los lineamientos de la política exterior plantean como prioridad la atención a los migrantes de una manera participativa, lo cual ha requerido que la Cancillería dinamice su accionar institucional. Además, se ha instruido la atención de nuestros connacionales en el exterior, para lo cual ha emprendido giras por los lugares de destino de nuestros migrantes, buscando con ellos de manera conjunta mejorar sus condiciones de vida, promoviendo canales de apoyo efectivos.
Cabe destacar que uno de los principales avances desde la perspectiva de derechos humanos es la de legislar en relación con la trata de personas y delitos conexos. La creación del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala –CONAMIGUA-, y los esfuerzos por presentar desde la dirección general de migración un anteproyecto de ley para mejorar la atención a este tema.
Para la elaboración del informe, COPREDEH realizó un proceso de consulta interinstitucional con entidades relacionadas con la implementación de la Convención, además de ser complementadas con entrevistas directas a los funcionarios que, de manera directa o indirecta, son los responsables del tema de los trabajadores migratorios.
En el trabajo interinstitucional también se incluyó a municipalidades, especialmente aquellas que, por su carácter fronterizo, tienen especial relación con la implementación de la Convención.
Las instituciones consultas fueron: Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General de Migración y la Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Secretaría de Bienestar Social, Corte Suprema de Justicia, Secretaría Presidencial de la Mujer, Instituto de la Defensa Púbica Penal, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Tribunal Supremo Electoral, Congreso de la República, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, la Secretaría de la Paz, el Registro Nacional de la Personas, el Ministerio de Cultura y Deportes, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y el Consejo Nacional de Atención a Migrantes.
La sociedad civil participó en el proceso, al finalizar el informe se sostuvo una reunión con los representantes de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala MENAMIG e instituciones académicas que trabajan el tema, con quienes se abordó el contenido del informe y se les brindó una copia del mismo para que hicieran sus observaciones previo a la entrega al Comité correspondiente; sus observaciones fueron tomadas en cuenta dentro del informe.